El Comité Consultivo del Observatorio de la Innovación en el Diseño Universal del Parque de Innovación de Servicios para las Personas, La Salle Campus Madrid, se ha reunido para estudiar el concepto de ajustes razonables contemplado en la “Ley General de Derechos de las Personas con discapacidad” (RD1/2013 de 29 de noviembre).

Entre los asistentes estuvieron Álvaro Cervera, en representación de Plena Inclusión Madrid; y Manuel Rancés, como miembro de la Comisión de Accesibilidad del CERMI Comunidad de Madrid, entre otros.

El Comité ha valorando las repercusiones y el estado actual de la cuestión en el ámbito de la vivienda de uso residencial privado y en la edificación de uso público.

La experta letrada, Dña. Elena Díaz Carnerero, premio C.E.F. 2015 en la modalidad de Derecho Constitucional y Administrativo, asistió como invitada por el Comité y tuvo la ocasión de argumentar la necesidad de que los ‘ajustes razonables’ deban ser tomado en sentido positivo y no restrictivo, dado que pretenden garantizar derechos fundamentales de las personas con discapacidad, particularmente, el de acceso y uso no discriminatorio de la edificación, tanto pública como privada.

El Comité Consultivo manifestó su preocupación por la escasa o nula dotación de ayudas públicas para la mejora de las condiciones de accesibilidad universal de las viviendas, específicamente, para la instalación de ascensores. La modificación del Art. 10 de la «Ley de Propiedad Horizontal«, establece la obligatoriedad de la ejecución de obras que garanticen la accesibilidad pero, la consideración económica de dicha obligación, cifra en una cuantía insuficiente para llevarla a cabo. Así mismo, el Comité ha manifestado la necesidad de la formación y sensibilización de los administradores de fincas dado que son los principales y más importantes motores de cambio en este campo.

Respecto de la edificación de uso público, el Comité ha señalado la labor ejemplarizante que las Administraciones Públicas han de realizar, adecuando su parque de edificios a los requisitos legales en materia de accesibilidad. De esta forma, las entidades públicas recalcarían su preocupación, motivación y liderazgo en la materia.

De igual forma, la iniciativa privada y la sociedad civil articulada en torno al movimiento asociativo de personas con discapacidad, también han de jugar un papel protagonista para conseguir llevar a la práctica los aspectos relacionados con la accesibilidad y los derechos de cada individuo, contemplados en la “Ley General de Derechos de las Personas con discapacidad”.