Por primera vez, todo el estado español tiene una normativa conjunta que protege los derechos como consumidores de las personas con discapacidad. Era una reivindicación de entidades como el CERMI.

La figura del consumidor vulnerable es una realidad en todo el territorio español. Se trata de una nueva figura contemplada desde la aprobación del Real Decreto-ley 1/2021 de 19 de enero que modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Los consumidores vulnerables son aquellos que pueden encontrarse en una «especial situación de subordinación, indefensión o desprotección en sus relaciones de consumo». Es así cuando hay discapacidad intelectual o sensorial y cuando la información no es clara, accesible o fácil de manejar, circunstancia que se puede solventar con la Lectura Fácil.

En este sentido, la noción de consumidor vulnerable excede del plano meramente económico. Así, insiste en la importancia de otros aspectos como las dificultades de comprensión, que pueden situar a un consumidor concreto en una posición de desventaja.

Cómo proteger al consumidor vulnerable

En el texto legal se recoge cómo las personas con discapacidad «están más expuestas a la quiebra y vulneración de sus derechos como personas consumidoras, por cuanto en muchas ocasiones el mercado de bienes, productos y servicios carece de condiciones de accesibilidad universal, dificultando su desempeño como consumidores protegidos».

Por ejemplo, «las personas con discapacidad visual pueden ver impedido el acceso a la información que incorporan las etiquetas de los productos de uso cotidiano», recoge la ley.

Para proteger estos derechos, se detalla que «la oferta comercial deberá facilitarse a los consumidores o usuarios, principalmente cuando se trate de personas consumidoras vulnerables, en términos claros, comprensibles, veraces y en un formato fácilmente accesible, de forma que aseguren su adecuada comprensión y permitan la toma de decisiones óptimas para sus intereses».

La ley está en consonancia con otras disposiciones europeas y viene a unificar las distintas normativas autonómicas. Entidades como el CERMI (Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad) habían demandado la necesidad de una mayor seguridad para consumidores en situación de desventaja.